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Menores, las víctimas invisibles de la violencia de género

Crónica de las jornadas formativas desarrolladas en Fuerteventura.

El pasado viernes 15 de junio el Cabildo de Fuerteventura organizó unas jornadas formativas destinadas a profesionales del ámbito de la juventud para tratar en profundidad el fenómeno de la violencia de género desde una perspectiva poco común, su impacto en menores que se han visto expuestos a ella. A través de la experiencia ofrecida por personas vinculadas a esta problemática, el programa formativo se planteaba con el propósito de ofrecer y enriquecer las pautas de evaluación e intervención en estos casos.

Ponencia de las jornadas.
Ponencia de las jornadas.

El salón de actos del Centro Insular de Juventud de Fuerteventura fue escenario de un valioso proceso colectivo de construcción de conocimiento en torno a uno de los grandes retos que afrontamos como sociedad. En efecto, la sobreexposición a la violencia que sufre la juventud actual acarrea una serie de consecuencias negativas que, actualmente, solo se comienzan a vislumbrar.

En este sentido, la proximidad a la violencia durante la etapa infantil y adolescente siempre ha contado con un obstáculo añadido, su marcado carácter tabú dado que la mayoría de situaciones ocurren en entornos de confianza, lo que ha impedido el reconocimiento de esta problemática. Un reciente estudio estatal de la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado señalaba que nueve de cada diez adolescentes han presenciado directamente situaciones de violencia, desde actos leves a experiencias de extrema gravedad. Las cifras revelan que hay motivos para la preocupación, más aún cuando, siguiendo los datos de dicho informe, el 90% de estos casos no se notifican.

Por tanto, se muestra fundamental realizar una revisión y actualización de las estrategias mantenidas en la protección infantojuvenil hacia la violencia, a fin de aumentar la efectividad y mejora de las actuaciones llevadas a cabo en este sentido. Para ello, es imprescindible atender a la experiencia profesional de las personas que trabajan cotidianamente en dicho ámbito y conocen, directamente, los retos y limitaciones a los que nos enfrentamos.

Las jornadas profesionales mantenidas en Fuerteventura son buen ejemplo de cómo se debe dar una respuesta colectiva a un problema social, desde las múltiples dimensiones que abarca el fenómeno. Así, a lo largo de las sesiones, se fueron desgranando importantes claves para el éxito de las intervenciones, como son la necesidad de realizar evaluaciones tempranas, dedicar más recursos a la formación profesional, así como priorizar equipos interdisciplinares para garantizar la eficacia de las medidas a tomar.

Ante la incertidumbre e inseguridad que provoca el incremento acusado del nivel de violencia en edades tempranas se produce una normalización muy preocupante que solo puede ser atajada mediante un reconocimiento de la problemática, posibilitando factores fundamentales de protección. Durante las ponencias se señalaba la dificultad de diagnóstico del fenómeno debido a que, en multitud de casos, los síntomas mostrados por las víctimas se relacionaban directamente con trastornos de conducta y convivencia, pese a que el origen de dichos comportamientos en un porcentaje muy elevado (se apuntó al 90% del total) esconde situaciones de exposición a la violencia. A esto se añade la diversidad de las personas afectadas, ya que no todas muestran la misma sintomatología lo que conlleva que muchos casos no sean considerados si no se cumplen todos los parámetros que definen el estrés postraumático. Esta exigencia afecta especialmente a personas con altas capacidades, por lo que debería ser tenida en cuenta.

La detección de los casos es primordial para poder dar una respuesta adecuada a esta cuestión, tanto por parte de profesionales como de las familias y personas del entorno. Para ello, el diálogo es fundamental en la búsqueda de indicadores comunes a este tipo de conflictos. Así, la suma de cambios físicos, emocionales, a nivel cognitivo o conductuales pueden constituir señales de alarma que no se deben obviar, por lo que la escucha activa y un ambiente de confianza deben primar en el proceso de diagnóstico.

Generalmente, el establecimiento de estas circunstancias óptimas para la comunicación suele dificultar la inhibición de los y las menores en cuanto al relato de situaciones violentas. Además, la credibilidad de testimonios está sujeta a una serie de parámetros técnicos, avalados por la comunidad experta, que contribuye a la detección e intervención en estos casos. Consecuentemente, el sistema judicial debería tomar en más consideración la opinión infantojuvenil en las decisiones que atañen su tutelaje, aspecto señalado como prioritario por parte de algunas intervinientes.

Otros escenarios relevantes para proceder ante este tipo de situaciones se sitúan en el ámbito educativo, sanitario y de los servicios sociales. Desde el área profesional de estos sectores se muestra fundamental ofrecer pautas que ayuden a la población adolescente a identificar casos de violencia de género para que el entorno de iguales actúe como un factor de protección y no de riesgo, como sucede cuando se normalizan este tipo de conductas violentas. De una parte, se deben indicar aquellos rasgos que favorecen la autodetección del maltrato en el ámbito de pareja como son la velocidad de la relación, el sentimiento exacerbado, cambios de actitud drásticos en las interacciones sociales o la falta de responsabilidad general y, concretamente, en fracasos sentimentales anteriores, manifestando desprecio hacia quienes fueran su pareja en el pasado. Por otro lado, es igual de necesario que el entorno de las amistades contribuya a la detección del problema, atendiendo a señales de aislamiento de la persona, comportamientos extraños cuando se encuentra su pareja presente, muestras de su mal carácter y manifestaciones de presión de la posible víctima.

Violencia juvenil, una preocupación creciente.

En relación con el repunte acusado de violencia de género en la etapa adolescente, una deficiencia común explicitada durante toda la jornada es el retraso de acciones en la prevención del fenómeno. Las personas expertas coinciden en señalar que de nada sirven actuaciones puntuales (el 25N y el 8M), aisladas del contexto habitual donde las relaciones juveniles tienen lugar, sin una evaluación de su impacto y sin la coherencia demandada con el resto de actuaciones educativas desplegadas. La magnitud del problema requiere actuaciones más tempranas y una fiscalización externa de las mismas para delimitar su alcance. De lo contrario, todo el esfuerzo e inversión realizados carecen de efectividad.

Las causas del aumento de la violencia juvenil se encuentran estrechamente ligadas a aquellos aspectos a incidir para contrarrestarla. Así pues, la deconstrucción de estereotipos de género dañinos constituye el primer ámbito de actuación en la prevención de la violencia, con niveles tan preocupantes en la actualidad. También la hipersexualización que sufre la infancia, acusada aún más por la sobreexposición constante a la pantalla (el uso de videojuegos para mayores, la facilidad de acceso a pornografía en la red, etc.). Las reflexiones desde la práctica aportadas por las profesionales invitadas esgrimían su preocupación tanto por la visión de la sexualidad manifestada en niños, claramente genitalizada, como la ingenuidad desarrollada por parte de las niñas, según muestran los estudios realizados.

El principal reto en esta línea consiste en modificar la percepción que el alumnado masculino tiene en la actualidad hacia las medidas de promoción de la igualdad de género, ya que mayoritariamente se concibe como una “guerra de sexos” por lo que subyace un rechazo aparente hacia las mismas. Debido a esto, una de las principales tareas a abordar es la promoción de nuevos referentes de masculinidad hegemónica que impliquen un rechazo frontal de la violencia. Durante las jornadas, las participantes ofrecieron importantes modelos culturales orientados a promulgar nuevos tipos de relaciones personales más equitativas, material muy relevante para acciones preventivas tanto en la práctica escolar como en el contexto familiar.

En cuanto a las medidas requeridas para acabar con una problemática tan acuciante, en la sesión se apuntaba a la necesidad de iniciarlas desde el nivel de primaria, para promulgar una distinción clara y pertinente entre buenos y malos tratos. El enfoque más adecuado para situar estas intervenciones lo ofrece la coeducación, entendida como la educación en el respeto a la diversidad, surgida desde la teoría feminista. La lógica de las actuaciones se ve garantizada bajo este paradigma metódico que apela a la sustitución de la cultura de la violación por la del buen trato y los cuidados, a la construcción de apegos para generar la protección de las víctimas y no su revictimización y a la adquisición de habilidades socioafectivas que se traduzcan en relaciones más igualitarias y justas.

A este respecto, las ponentes insistían en anteponer la protección de la víctima a la denuncia de los hechos ya que, en algunas ocasiones, denunciar precipitadamente la puede poner en riesgo, especialmente en aquellos casos en los que aún no reconoce la situación de violencia que sufre. Por tanto, es conveniente recordar que se puede acceder a los servicios de protección sin mediar denuncias previamente. Esta matización importante hace énfasis, nuevamente, en la importancia que el intercambio de experiencias profesionales adquiere en el tratamiento de conflictos sociales enquistados en el tiempo, para atender a las especificidades de los sistemas implementados.

En definitiva, la apuesta por estas jornadas formativas supone un gran acierto ya que, no solo se han aportado claves conceptuales fundamentales en la prevención de la violencia infantojuvenil, sino que además se ha ofrecido un punto de vista muy valioso desde la experiencia práctica de las participantes. Por ello, el análisis iniciado sobre las dificultades y carencias manifestadas en dicho ámbito, así como las actuaciones de éxito sobre los márgenes de mejora aportan un conocimiento profundo de la situación, con una sólida base epistemológica.

Si bien muchas de las claves ofrecidas contaban con un claro carácter técnico, en general el desarrollo de las sesiones fue ameno y didáctico. No obstante cabe señalar que, sin participación institucional y política en el proceso de revisión de las medidas iniciadas se pierde un pilar fundamental para erradicar un problema grave, que afecta a la salud y el progreso del conjunto de nuestra sociedad. La implicación política debe ir más allá de la organización logística; se deben conocer las propuestas de la comunidad experta y tener en cuenta su trayectoria para asegurar la toma de medidas efectivas y la maximización de recursos. De lo contrario, peligra el alcance de las medidas preventivas pese a la voluntad de atajar esta problemática, aplacando las aspiraciones de igualdad surgidas al calor del avance social.

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